La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Ahora sólo falta su promulgación.
Con la aplicación de la ley que “Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad” deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Además, entre sus medidas considera la creación del Servicio Nacional de la Discapacidad, que será sucesor del Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis.
Contenidos de la nueva Ley
• Se perfeccionan y profundizan las acciones en materia de prevención y rehabilitación de las discapacidades;
• Se amplía la acción del Estado en favor de las personas con discapacidad, a través de la ejecución de programas y creación de apoyos;
• Se agiliza proceso de calificación y certificación de la discapacidad;
• Se incorporan un conjunto de medidas, adecuaciones y apoyos orientados al acceso, mantención y progreso de las personas con discapacidad en el sistema educacional;
• Se asegura el pleno acceso de las personas con discapacidad a las edificaciones colectivas públicas y privadas, edificaciones de uso público, a los parques, plazas y áreas verdes;
• Se perfeccionan las normas sobre estacionamientos preferentes para los vehículos que conducen personas con discapacidad o que las transportan;
• Se reconocen las formas propias de expresión de las personas sordas de nuestro país otorgando reconocimiento a la lengua de señas como su medio de comunicación natural (los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable deberán, en un plazo determinado aplicar mecanismos que posibiliten a las personas sordas acceder a su programación);
• Se amplían los mecanismos de exención y rebajas tributarias para la importación de vehículos y otros apoyos, entre muchas otras medidas de accesibilidad y participación.
• Por otro lado, teniendo presente la importancia del trabajo para el desarrollo y autonomía personal, este proyecto de ley consagra la obligación de crear instrumentos que favorezcan la contratación de personas con discapacidad y la posibilidad para estas personas de celebrar el contrato de aprendizaje, sin límite de edad.
• Adicionalmente, la Administración del Estado, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el objeto de favorecer la inclusión laboral, en sus procesos de selección de personal deberán dar preferencia a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y mérito con otros postulantes.
• Finalmente, dentro de las medidas más relevantes del proyecto de ley se establece una moderna y robusta institucionalidad pública destinada a relevar la discapacidad como un tema central de las políticas públicas, generando instituciones e instrumentos que dan cuenta de los nuevos desafíos que enfrenta el país en materia de igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. Se crea el Comité de Ministros de la Discapacidad, el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Consejo Consultivo.
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Con la aplicación de la ley que “Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad” deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Además, entre sus medidas considera la creación del Servicio Nacional de la Discapacidad, que será sucesor del Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis.
Contenidos de la nueva Ley
• Se perfeccionan y profundizan las acciones en materia de prevención y rehabilitación de las discapacidades;
• Se amplía la acción del Estado en favor de las personas con discapacidad, a través de la ejecución de programas y creación de apoyos;
• Se agiliza proceso de calificación y certificación de la discapacidad;
• Se incorporan un conjunto de medidas, adecuaciones y apoyos orientados al acceso, mantención y progreso de las personas con discapacidad en el sistema educacional;
• Se asegura el pleno acceso de las personas con discapacidad a las edificaciones colectivas públicas y privadas, edificaciones de uso público, a los parques, plazas y áreas verdes;
• Se perfeccionan las normas sobre estacionamientos preferentes para los vehículos que conducen personas con discapacidad o que las transportan;
• Se reconocen las formas propias de expresión de las personas sordas de nuestro país otorgando reconocimiento a la lengua de señas como su medio de comunicación natural (los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable deberán, en un plazo determinado aplicar mecanismos que posibiliten a las personas sordas acceder a su programación);
• Se amplían los mecanismos de exención y rebajas tributarias para la importación de vehículos y otros apoyos, entre muchas otras medidas de accesibilidad y participación.
• Por otro lado, teniendo presente la importancia del trabajo para el desarrollo y autonomía personal, este proyecto de ley consagra la obligación de crear instrumentos que favorezcan la contratación de personas con discapacidad y la posibilidad para estas personas de celebrar el contrato de aprendizaje, sin límite de edad.
• Adicionalmente, la Administración del Estado, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el objeto de favorecer la inclusión laboral, en sus procesos de selección de personal deberán dar preferencia a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y mérito con otros postulantes.
• Finalmente, dentro de las medidas más relevantes del proyecto de ley se establece una moderna y robusta institucionalidad pública destinada a relevar la discapacidad como un tema central de las políticas públicas, generando instituciones e instrumentos que dan cuenta de los nuevos desafíos que enfrenta el país en materia de igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad. Se crea el Comité de Ministros de la Discapacidad, el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Consejo Consultivo.
