Las presiones que enfrenta Piñera

El Presidente electo -que formalizó su renuncia a RN- recibió un llamado del relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas a mantener un diálogo fluido sobre el asunto. Diez días desde que fue elegido -con el 51,6% de los votos- cumplió ayer el empresario, Sebastián Piñera.

Y ha enfrentado una decena de jornadas marcadas, en términos generales, por la negativa de la mayoría de la Concertación a aceptar su propuesta de retomar la “democracia de los acuerdos” que primó en los ’90; por la polémica del alza de sus acciones en Lan y las intensas presiones que, a dos meses del cambio de mando, ya comenzó a recibir desde distintas esferas: la internacional, la sociedad civil y sus propias filas.

En ese sentido y en lo que se puede interpretar como un adelanto del escenario que deberá enfrentar como sucesor de Michelle Bachelet -la Jefa de Estado que ha alcanzado récord de aprobación ciudadana-, diversos actores han rayado la cancha al ex senador de Renovación Nacional (RN) en las últimas 48 horas.

Valiéndose de su posición como eventual aliado de Piñera en el continente -considerando sus similitudes políticas-, uno de los primeros en marcar el panorama regional del futuro gobierno fue el Presidente de Perú, Alan García.

El Mandatario del vecino país, que lideró la demanda marítima de Lima ante La Haya y a quien Piñera invitó personalmente al cambio de mando, comunicó -a través de su jefe de gabinete, Javier Velásquez-, las expectativas que surgen en Lima tras su arribo a La Moneda.

En Perú han expresado que esperan tener una relación más fluida con Chile e incluso, han deslizado la posibilidad de sensibilizar a la futura administración sobre la posibilidad de reducir la compra de material bélico.

El tema es de suma relevancia considerando que la relación Bachelet-García estuvo marcada, entre otros aspectos, por las acusaciones de “armamentismo” que la vecina nación lanzó en contra de Chile y aunque Piñera ha hablado de “descongelar” los vínculos con Perú, es un hecho que 2010 estará marcado por la presentación del texto con que Santiago enfrenta la pretensión marítima limeña en la Corte Internacional de La Haya.

Asimismo, ya se instaló en la agenda del electo Mandatario el conflicto mapuche. Ayer el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, reveló -desde Estados Unidos- la preocupación de las comunidades respecto de cómo el gobierno de derecha abordará su situación.

Definiendo la relación que esperan tener con Piñera, Anaya estableció como piso mínimo para la próxima administración “continuar con un diálogo fluido” y solicitó al futuro Mandatario no olvidar que la política de Chile es de Estado y no de gobierno.

“Espero que, a pesar de que el nuevo gobierno sea de otra coalición, siga en primer lugar este diálogo que hemos tenido y con la misma actitud de avanzar”, dijo Anaya.

La configuración del gabinete -que será anunciado en los primeros días de febrero- es otra de las presiones que ha debido enfrentar el empresario, aunque desde su propio conglomerado.

El Mandatario electo se enfrenta a la disyuntiva de designar o no al senador UDI Pablo Longueira como ministro. De hacerlo, Piñera no solamente estará replicando una práctica que cuestionó al oficialismo -el traspaso de figuras del Parlamento al Ejecutivo- sino que tendrá que compensar a RN con la inclusión del senador Andrés Allamand en Cancillería.

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Baja el cobre y sube precio del dólar

Al igual que lo vivido en la jornada pasada, una nueva baja del precio del cobre desencadenó un incremento en el valor del dólar que se cotizaba a 530 pesos.

El metal rojo alcanzó los 319,420 centavos de dólar en la Bolsa de Metales de Londres según informó hoy la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Ayer el mineral se instaló en 328,582 centavos de dólar.

A futuro, la libra de cobre se cotizó hoy a 320,463 centavos de dólar y el miércoles a 329,671 centavos de dólar. Y el promedio mensual llegó a 336,305 centavos de dólar y el anual alcanzó a 336,305 centavos de dólar.

En cuanto al dólar el valor pizarra se instalaba en 529,95 pesos comprador y 530,45 pesos vendedor. Ayer la divisa cerró en 521 pesos.

El Banco Central informó que el valor hoy del dólar observado llegó a 520,69 pesos y el acuerdo a 637,28 pesos. En tanto el euro se transó a 720 pesos.

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Ley de Radios Comunitarias se aprueba sin estándares internacionales de libertad de expresión

Organizaciones ciudadanas objetan obstáculos al pleno desarrollo de la libertad de expresión por:

Reconocimiento insuficiente a la sociedad civil como actor en la radiodifusión
Acceso discriminatorio a las frecuencias sonoras
Limitación del derecho a sostenibilidad económica de las radios comunitarias
Consagración del derecho preferente y renovación automática de las concesiones
Llaman a despenalizar la actividad radial comunitaria de quienes están fuera del sistema de frecuencias concesionadas.

Denuncian presiones y maniobras del gremio empresarial de radiodifusores

Son líderes sociales del movimiento de radios comunitarias en Chile y Latinoamérica, gestores de medios de comunicación, representantes de asociaciones, redes sociales y ONGs , promotores de la libertad de expresión , que se han reunido para hacer pública su posición ante la aprobación de la Ley de radios comunitarias , invitan a la ciudadanía a suscribir este pronunciamiento y a impulsar acciones decididas por la libertad de expresión.

Los/as firmantes denuncian como escándalo la actitud del poder empresarial representado por ARCCHI , que intentó utilizar este proyecto de ley para perpetuar sus privilegios haciendo uso abusivo de derecho preferente.

El comunicado público hace un urgente llamado a la Presidenta Bachelet a frenar la persecución a las radios comunitarias y despachar con máxima urgencia un proyecto de ley para derogar el artículo de la Ley general de telecomunicaciones que sanciona con penas de cárcel e incautación de equipos, a aquellos radiodifusores comunitarios que transmiten sin licencia.

La declaración ha recibido múltiples adhesiones de representantes del mundo social, cultural y de las comunicaciones . Está firmada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y el Caribe, AMARC ALC; AMARC Chile; Escuela de Periodismo Universidad de Chile;Corporación La Morada/ Radio Tierra; Red de Medios de los Pueblos; ONG Eco Educación y Comunicaciones; Iniciativa Kaskawilla; Radio Encuentro de Peñalolen; Programa de Libertad de Expresión Universidad de Chile; Asociación Chilena de ONGs ACCION.

Texto completo Declaración

Ante la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que crea “los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana”, y su consiguiente despacho a Ley, los abajo firmantes expresamos:

1.- La iniciativa legal, que pasa a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, si bien es un avance respecto a la Ley de Mínima Cobertura de 1994, reconoce de manera limitada el lugar de la sociedad civil para administrar medios de comunicación y no garantiza el ejercicio de la libertad de expresión a todos los sectores por igual.

2.- Asimismo, el proyecto, que otorga estatuto legal a las radios comunitarias, no elimina la inequidad en el acceso al espectro radioeléctrico, como bien de uso público y patrimonio de la humanidad, pues se promueve la perpetuidad en el uso de las frecuencias en base al derecho preferente existente en Chile para renovar concesiones.

El Estado de Chile, al haber suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, está obligado a legislar atendiendo los estándares interamericanos de libertad de expresión, que establecen que el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión debe garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales.

En este sentido, la consagración del derecho preferente y la renovación automática de las concesiones, sin plazos de vencimiento consagrados en la ley, hacen infructuoso cualquier intento de garantizar la diversidad y pluralidad en los medios, ya que protege a los radiodifusores que gozan de esta prerrogativa impidiendo el ingreso de nuevos actores.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA recomienda a los estados que sus políticas públicas de administración de las frecuencias radioeléctricas incluyan una reserva equitativa en todas las bandas de radiodifusión para el acceso de medios comunitarios y otros actores no comerciales, como forma de garantizar y promover la libertad de expresión. Existen legislaciones como la argentina que han acogido estas disposiciones, considerando la distribución equitativa del espectro entre los sectores público, privado y comunitario ciudadano.

3.- Con la emisión de publicidad local autorizada en la iniciativa, la ley limita el derecho de sostenibilidad económica de las radios comunitarias, restringiendo las estrategias de financiamiento sólo al ámbito local territorial en el que se encuentran estas emisoras. Esta disposición lesiona de manera grave la libertad de fundar, sostener y mantener medios de comunicación.

4.- Frente a la persecución a radios comunitarias, ocurridas en democracia, demandamos al Gobierno de la Presidenta Bachelet a tramitar con suma urgencia en el Congreso un proyecto de ley que derogue el artículo 36 B (a) de la Ley General Telecomunicaciones, que sanciona con penas de cárcel e incautación de equipos, a aquellos radiodifusores comunitarios que transmiten sin licencia.
Ninguna legislación que cumpla con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión puede hacer uso del código penal para sancionar el derecho a la libre expresión de la ciudadanía.

5.- Finalmente, como organizaciones de la sociedad civil denunciamos ante la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, la manipulación del proyecto de ley de radiodifusión comunitaria promovido por la ARCHI, que, mediante el artículo 6 transitorio aprobado en la Cámara de Diputados, intentó otorgar un “perdonazo” a 35 concesionarios, en su mayoría comerciales, para renovar fuera de plazo sus frecuencias, haciendo uso arbitrario del derecho preferente y contraviniendo el espíritu de la ley.

Quienes suscriben condenamos estas prácticas que son lesivas para el ejercicio de la libertad de expresión e igualdad ante la ley, y llamamos a los parlamentarios a legislar en conciencia e independencia, para mejorar la diversidad y pluralidad de los medios de comunicación en Chile.

María Pía Matta
Presidenta Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y el Caribe, AMARC ALC

Natacha Gómez
AMARC Chile

Raúl Rodríguez
Escuela de Periodismo Universidad de Chile

Rosario Puga
Corporación La Morada/ Radio Tierra

Paulina Acevedo
Red de Medios de los Pueblos

Juan Enrique Ortega
Eco, Educación y Comunicaciones

Andrea Gamboa Castro
Iniciativa Kaskawilla

Sebastián Feliú
Radio Encuentro de Peñalolen

Claudia Lagos
Programa de Libertad de Expresión Universidad de Chile

Alvaro Ramis
Presidente de Acción, Asociación Chilena de ONGs

SUSCRIBEN

Pedro Lemebel
Escritor

Vicente Parrini
Periodista, Observatorio FUCATEL

Perla Wilson
Mujeres en Conexión/ La Morada

Victoria Uranga
Mujeres en Conexión/ Cátedra UNESCO UDP Medios de Comunicación y participación Ciudadana

Jorge Loayza
Conexión Social

Jaime Mondría
Actor y gestor cultural

Adolfo Castillo
ONG Libertades Ciudadanas

Denise Araya
Directora Ejecutiva ONG Raíces

Patricio López,
Periodista, conductor de Política en Vivo de Radio Universidad de Chile

Nancy Arancibia Olivares.
Presidenta Sindicato de Área Periodística del Diario La Nación

René Maluenda
SEDEJ

Patricia Beltrán
Directora Cooperativa Territorio Sur
Valparaíso

Juan Jorge Faúndes
Periodista

Javier Karmy
Periodista Programa Pulso Ambiental Radio Universidad de Chile
y Semillas de Agua Radio Tierra

Miguel Santibañez
Director Ejecutivo ONG JUNDEP

Ernesto Carmona
Consejero Nacional del Colegio de Periodistas de Chile

Alejandro Kirk
Periodista

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Reflexionemos...

A pocas horas de definirse la segunda vuelta presidencial, estoy con un sabor amargo en la boca. ¿Qué es lo que me angustia a mí, ciudadano chileno, a punto de dirigirme al lugar de votación?

Soy de los que tienen en los genes un cierto romanticismo republicano. Siempre me ha emocionado el acto ritual de las elecciones y el civismo ejemplar del pueblo chileno. Hay recuerdos de momentos cívicos notables, en que lo colectivo parecía expresarse en pasión encauzada por las urnas...

Hoy, por primera vez desde que tengo derecho a voto, el día de elección no será para mí una fiesta. He llegado a la convicción (después de darle muchas vueltas, y con la sensación de que a esta elección le falta una vuelta más) de que estamos en presencia de lo que llamaré "la Gran Abdicación". Suena fuerte, pero voy a explicarme. Hablaré de las dos abdicaciones: la de los concertacionistas y la de los aliancistas.

Mis amigos concertacionistas (gente a la que respeto, admiro y escucho) me han dicho que votarán con disgusto por un candidato "operado" interiormente, que la coalición les impuso. ¿Qué tiene que ver este Frei de hoy con el que fue Presidente? Lejanos están los días en que votamos y luchamos por sueños e ilusiones. Todos los que salimos en la década del 80 a las calles por la Alegría, sabemos que nuestra coalición ha terminado por convertirse en una gran bolsa de trabajo y una sumatoria de redes de poder. La "Concertación" es hoy una "flatum vocis", una palabra vacía. Nos duele esa verdad, es amarga, pero hay que hacer la pérdida, el duelo.

Quienes saben eso y se suman a esta operación de resucitación artificial, de último minuto (en la UTI de las convicciones) -incluido un errático y decepcionante MEO-, están abdicando, movilizados sólo por un irracional temor a una demonizada "derecha" y no por una genuina voluntad de reinvención.

La derecha también sabe de abdicaciones. Su rendición ante el "mal menor" (Pinochet) que parecía un general que iba a ordenar el caos para finalmente entregar el poder muy pronto, los hizo cómplices silenciosos de las peores barbaries, manchando el honor y la memoria de sus propios hombres probos (un Arturo Matte, un Jorge Alessandri) con la sangre vertida por ejecutores salidos de las alcantarillas de la historia. Hoy también la derecha vuelve a abdicar.

Mis amigos aliancistas (a los que también respeto, admiro y escucho) me dicen que Piñera es para ellos "un mal menor", al que hay que votar por una desesperada (y entendible) necesidad de cambio y alternancia. Pero ¿puede ser Presidente un candidato que no ha tenido la decisión ni el coraje de separar con claridad total y definitiva ante el país sus negocios de la política? (y no ¡"a medias"!, a la chilena).

¿Cómo creerle a un hombre que en el ámbito privado (sus empresas) donde tenía la cancha libre para hacer lo que quisiera no ha hecho lo que dice va a hacer como Presidente de Chile? ¿Hay que esperar que sea elegido para que su canal se transforme en una fundación en la que habrá espacio para la cultura y las ideas como lo prometió en el debate?

¿Dónde encajan las gatúbelas y gatos chilensis en paños menores de su serie seudoerótica de estética de telenovela venezolana, emitida en Chilevisión apenas terminado el debate, en vez de un programa de análisis del mismo, como uno hubiera esperado? "Por sus obras los conoceréis"...

La Gran Abdicación significa que muchos, millones, van a votar por uno de los dos males menores a los que nos ha condenado la politocracia.

¿Entonces, qué hacer? -me preguntarán los lectores náufragos como yo: Yo, por lo menos, no voy a avalar en esta vuelta esta Gran Abdicación.

Los dos candidatos han estigmatizado el voto nulo o blanco en estos días, cuando se trata de un derecho ciudadano para manifestar un rechazo a las candidaturas impuestas. Pero ellos no me harán sentir culpable de la victoria de uno de los dos "males" (menores o mayores, según el lado desde donde se mire) por ejercer el último derecho que nos han dejado a los ciudadanos: decir "no", aunque se contabilicen esos votos como "inválidamente emitidos" (qué expresión tan irrespetuosa con la libertad de los votantes).

Ojalá sean muchos -millones- los votos nulos, las abstenciones este domingo para que se vea una expresión contundente de que en el Chile profundo (en lo mejor de su izquierda, centro y derecha) hay una reserva moral, una línea final de resistencia a la decadencia que viene.

(Fuente: Cristián Warnken)

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El primer triunfo después de 50 años

Con el porcentaje obtenido ayer, Sebastián Piñera marcó un hito en la historia de la derecha del país. Por primera vez en cincuenta años lograron llegar a La Moneda por la vía de un proceso electoral democrático. Habían perdido las elecciones en 1964 y en 1970. Luego, compartieron el proyecto dictatorial, destinando muchos de sus personeros a cargos otorgados por Augusto Pinochet. Retornada la democracia, la derecha fue derrotada en cuatro elecciones presidenciales.

El triunfo lo obtiene este sector, con dos colectividades políticas que fueron fundadas cuando terminaba el régimen militar, agrupando a neopinochetismos y liberales. Durante 20 años defendieron “la obra del gobierno militar”, el modelo económico de libre mercado y la institucionalidad dejada por la dictadura a través de la Constitución de 1980.

En el último tiempo, sin embargo, las fuerzas conservadoras apostaron a mostrar distancia del proyecto pinochetista y levantar una “propuesta democrática” que llegó incluso al punto de afirmar que se continuarán políticas sociales impulsadas por Michelle Bachelet. Aquella frase de Joaquín Lavín de sentirse “aliancista bacheletista” pareció tomar cuerpo.

Un dato no menor del triunfo de la derecha el día de ayer, es que Piñera obtuvo la mejor votación de un candidato de la derecha en una elección presidencial, superando el 51 por ciento de los sufragios.

A pesar de que hay elementos ya claros como abrir Codelco al capital privado y sumarse al bloque conservador a nivel hemisférico, la llegada de la derecha al gobierno tiene una alta dosis de incertidumbre después de dos décadas de estar fuera de La Moneda.

De allí que ayer dirigentes de la UDI y de RN, hayan enfatizado en que harán “un gobierno para todos los chilenos” y plantearan que “debe haber tranquilidad” frente a la nueva administración que asumirá el 11 de marzo próximo.

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Nueva ley permitirá al trabajador faltar al trabajo por enfermedad del cónyuge

La norma será aplicable a personas cuya pareja haya sufrido un accidente grave o tenga un diagnóstico terminal, y entregará un permiso laboral de 10 días. La novedad es que no sólo considerará a las parejas casadas legalmente sino que también a los convivientes.

En su segundo trámite se encuentra este proyecto que ya fue aprobado por el Senado por unanimidad y que modifica la legislación vigente al establecer el derecho a un permiso para ausentarse del trabajo en caso de enfermedad o accidente grave del cónyuge.

Así lo cuenta la senadora Soledad Alvear a Terra.cl, quien detalla que la norma también considera a las parejas que no están casadas legalmente.

¿Qué tipo de convivientes tienen derecho a acceder a esta ley?

Lo primero es decir que ya hay otras leyes que regulan la situación de los convivientes, como la ley de violencia intrafamiliar, y se ha entendido en tribunales por convivencia a las personas con la que se comparte una casa, se tienen hijos comunes o ha manifestado tener una vida de pareja.

Esta ley, aprobada en el Senado la semana pasada, permite que el cónyuge o conviviente que tiene a su pareja con una enfermedad grave o un cáncer terminal pueda tener un permiso en su trabajo hasta por 10 días, a fin de que pueda acompañar a su pareja o a su marido.

¿Quién paga los días de ausencia laboral?

Estos 10 días, para que los empleadores no se asusten, van a ser recuperados por el trabajador.

Vale decir, durante "x" periodo de tiempo trabajará una hora más o convendrá con el empleador una forma en que se recuperen esos días, de manera tal que no se perjudique al empleador y se le dé al empleado un tiempo para acompañar a su cónyuge o pareja.

¿El trabajador puede pedir que le descuenten estos días?

No, sólo recuperar días. Ahora también puede existir una regulación entre el trabajador y el empleador que vea la forma. Porque, a lo mejor puede ser un descuento o que el empleador considere la situación y que le regale 3 días y sólo deba trabajar 7, etc.

Lo importante es que la ley contempla esos 10 días de permiso que debieran ser recuperados.

¿La ley también contempla el caso de un accidente grave?

Exactamente, todos vemos cuantos accidentes hay de distinta índole y acompañar a la persona que uno quiere al hospital o a la clínica es relevante.

Además, para el trabajador, tener la cabeza fría en esas circunstancias es muy difícil. Por ello, es beneficioso para ambas partes.

¿Cuándo podrá materializarse esta ley?

Tiene que pasar a la Cámara de Diputados, allá se va a ver en la Comisión de Trabajo, y luego tiene que aprobarse en la sala de la Cámara de Diputados.

Yo espero que esto ocurra en el mes de enero, porque es un proyecto de fácil despacho, creo que no tiene ningún inconveniente, fue una moción parlamentaria que originalmente sólo contemplaba a los cónyuges y en la comisión de trabajo que me toca presidir agregamos a los convivientes.

Felizmente se aprobó en esos términos por unanimidad en el Senado, y en la Cámara no habrá problemas para que tenga el mismo apoyo.

¿En qué fecha ya estaría vigente?

Si se aprueba en la Cámara de Diputados -a mediados o fines de mes- y luego se promulga en el diario oficial, la podemos tener funcionando a fines de febrero.

Gisela López Alfaro
(uente: Terra Networks Chile S.A)

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Sernac denuncia cláusulas abusivas en contratos bancarios

Hace cerca de cuatro meses los diputados Carolina Goic y Gabriel Silber, y el Senador Guido Girardi, denunciaron ante el Sernac cambios unilaterales de las condiciones pactadas en el mercado financiero.

El Sernac detectó una serie de graves incumplimientos en contratos bancarios en casi el 90% de las entidades, las que incluyen cláusulas abusivas que atentan contra los derechos de los consumidores y cambios unilaterales de las condiciones pactadas en el mercado financiero.

De acuerdo a lo que señaló el Sernac, La Ley resguarda la equidad de los contratos y prohíbe, dejando sin efecto, las cláusulas que rompen esta equidad, las que estima abusivas. Por tanto, incluso contrario a la creencia popular, aunque el consumidor haya leído, aceptado y firmado el contrato, estas cláusulas no tienen ningún valor porque los derechos de los consumidores son irrenunciables de manera anticipada.

Por ello, el organismo investigó los contratos de tarjetas, líneas de crédito, cuenta vista y cuentas de ahorro de 16 instituciones financieras detectando modificaciones en contratos de manera unilateral y arbitraria, es decir, cuando se quiere y porque sí, y que no se respeten las condiciones durante la vigencia del contrato, o que le cambien las reglas del juego durante el transcurso del partido.

En este sentido, las fallas identificadas por el SERNAC en relación a los contratos bancarios se pueden resumir en cláusulas que facultan a la empresa para cambiar el precio, por ejemplo, el monto de las comisiones o los intereses.

De esta forma, se atenta contra los derechos de los consumidores de saber, antes de contratar, el costo de mantener operativa una tarjeta de crédito o el costo de su apertura, pues la empresa se da a sí misma la facultad de cambiar elementos que forman parte del precio como los intereses y comisiones.

Por ejemplo, la cláusula 50 del contrato de tarjeta de crédito del Banco del Desarrollo indica: "El Emisor podrá modificar el presente contrato en cualquier momento en materias relativas a comisiones, intereses, limite de crédito y cargos por manutención (...)".

Por su parte, la cláusula 19 del contrato de tarjeta de crédito de Credichile señala que "El Banco queda facultado para modificar tanto el monto de las comisiones como las modalidades y condiciones aplicables para su cobro."

Cláusulas que autorizan al banco a aumentar o disminuir el monto de la línea de crédito a su arbitrio.

De acuerdo a lo que indicó el organismo, "esto provoca un desequilibrio importante pues el consumidor asume compromisos con la confianza de que cuenta con el respaldo de determinado monto y condiciones. Es lo que ocurre con la cláusula 6º de la línea de crédito del Banco Falabella que indica que "(...) Este monto máximo disponible podrá ser aumentado o disminuido por el banco, en cualquier momento y a su solo arbitrio (...)".

También hay cláusulas que permiten al banco terminar unilateralmente la cuenta o alguno de sus productos. "Por ejemplo la cláusula 15 del contrato de línea de crédito de Scotiabank: "El Banco se reserva la facultad de poner término a la cuenta corriente cuando lo estime conveniente y sin expresión de causa...", detalló.

Otro caso se da en la cláusula del contrato de tarjeta de Crédito de Credichile que indica que "La tarjeta es propiedad del banco, el cual podrá en forma unilateral revocarla anticipadamente o no renovarla, pudiendo o no expresar los motivos".



ARRIESGAN MULTAS DE HASTA 50 UTM

El director del Sernac, José Roa, señaló que "los bancos arriesgan multas de hasta 50 UTM (casi $2.000.000), sin perjuicio de las sanciones que pueda imponer la autoridad correspondiente", añadiendo que el organismo llevará una denuncia administrativa a la Superintendencia de Bancos en horas de esta tarde "para que actúe en consecuencia y evaluemos de acuerdo a eso todas las acciones judiciales necesarias".

Roa indicó que el sentimiento de abuso que sienten hoy los consumidores de servicios financieros, "se refleja en que 1 de cada 4 reclamos que llegan al Sernac son de este rubro, que el 50% de los juicios colectivos presentados corresponden a este mercado y que los consumidores en su mayoría perciban que estas empresas tienen poco o ningún interés en resolver sus problemas".

Con esta información, el SERNAC utilizará todas las herramientas que le entrega la Ley, sean acciones individuales o colectivas, en sede administrativa o judicial, para corregir esta situación, sancionar a las empresas y reparar el daño causado a los consumidores.

Los bancos analizados fueron Banco Falabella, Banco Security, Banco Ripley, Banco Chile, Credichile, Banco del Desarrollo, Banco BBVA, Banco Itaú, Banco Internacional, Banco Estado, Banco Santander, Banco BCI, Banco Paris, Banco Bice, Banco Scotiabank, Corpbanca.

A los consumidores, recordarles que las reglas del juego las impone la Ley y no las empresas o lo que digan sus contratos. Sus derechos son irrenunciables y no los pierden aunque pongan su firma en contratos que tengan cláusulas abusivas.

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Procesado carabinero que golpeó a fotógrafo Víctor Salas

Corte Marcial revocó decisión de fiscal militar respecto de Ivar Barría acusado de golpear con una fusta al gráfico de la agencia EFE.

La Corte Marcial ordenó el procesamiento del carabinero de Fuerzas Especiales, Ivar Barría Álvarez, acusado de agredir en mayo de 2008 al fotógrafo chileno de la agencia noticiosa española EFE, Víctor Salas.

El reportero gráfico fue golpeado el 21 de mayo de 2008 en el ojo derecho con una fusta metálica por un policía a caballo mientras captaba imágenes de una manifestación fuera del Congreso en Valparaíso.

El ganador del Premio Nacional de Fotografía de Prensa 2007, desde entonces, ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, sin que haya logrado recuperar la visión del ojo herido.

La Corte Marcial, que decretó la libertad bajo fianza del carabinero, revoca así la resolución del fiscal militar de Valparaíso, Rodrigo Lagos, que en agosto del año pasado rechazó procesar al policía.

En la decisión “encuentra justificada la existencia del delito de violencia innecesaria” que causó lesiones graves a salas y recuerda que dicho delito está previsto y sancionado en el Código de Justicia Militar.

En las pruebas aportadas y en la declaración del propio policía “aparecen presunciones fundadas para estimar que Ivar Germán Barría Álvarez ha tenido participación como autor en la comisión del delito”, señala el tribunal.

La resolución considera probado que cuando Salas cubría una manifestación, el carabinero montado a caballo avanzó hacia él y le golpeó en el rostro con un objeto contundente, lo que le provocó una lesión de carácter grave en el ojo derecho.

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Contraloría modifica criterio y dictamina que puede investigar conductas de ministros

El organismo respondió a la denuncia interpuesta por el comando de Sebastián Piñera contra cinco ministros. Si bien no los sanciona, fija nueva doctrina para fiscalizar a los jefes de cartera.

(MARIELA HERRERA Y SEBASTIÁN RIVAS)

El 31 de diciembre de 2009, horas antes del Año Nuevo, el contralor Ramiro Mendoza firmó el dictamen N° 73.040, el último del año pasado. El documento abordaba un tema que había causado amplio interés: la presentación sobre intervención electoral hecha por miembros del comando de Sebastián Piñera contra ministros de Estado.

El texto, que fue notificado ayer a La Moneda, a través del ministro José Antonio Viera-Gallo, fija un nuevo criterio con el que el organismo calificará las actuaciones de quienes ejercen funciones públicas, incluyendo a los ministros.

Si bien el dictamen de la Contraloría no sanciona a los jefes de cartera denunciados, ni se pronuncia sobre el tema, porque el "criterio sólo resulta aplicable hacia el futuro", establece un giro en la doctrina que se basa, entre otros textos, en la Carta Fundamental, y establece que la entidad podrá fiscalizar a cualquier autoridad que infrinja la Ley de Probidad Administrativa del Estado, incluyendo a los ministros y, eventualmente, al propio Presidente.

El documento generó una polémica entre la Contraloría y La Moneda a fines de octubre, cuando trascendió que el organismo plantearía que podía fiscalizar las actividades de los secretarios de Estado, tras una denuncia sobre intervención electoral interpuesta por Rodrigo Hinzpeter, Andrés Allamand, Andrés Chadwick y Jorge Schaulsohn contra cinco ministros: el propio Viera-Gallo (Segpres), Carolina Tohá (entonces en la Segegob), Mónica Jiménez (Educación), Sergio Bitar (OO.PP.) y Marigen Hornkohl (Agricultura).

La resolución señala que cuando "la Constitución Política previene, en su artículo 8°, inciso primero, que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, es indudable que este deber alcanza a los Ministros de Estado".

Además, el dictamen de Mendoza señala también que la Ley 18.785 sobre Probidad Administrativa implica a todas las "autoridades", lo que, además de los secretarios de Estado, permitiría que la entidad pueda investigar también a alcaldes y concejales.

Así responde a la defensa de los ministros, quienes afirmaron que no eran funcionarios públicos, por lo que, según ellos, no estaban afectos al régimen de responsabilidad administrativa.

Uno de los puntos clave en el dictamen es aquel que manifiesta que los ministros deben apegarse al instructivo que la Contraloría emitió el 1 de septiembre sobre con las elecciones, el que, entre otros aspectos, regula la participación en actividades de campaña.

Se lee en el texto: "Los ministros de Estado, en el desempeño de la función pública que ejercen, siempre deben observar cabalmente las normas constitucionales y legales, que regulan el principio de probidad administrativa y, en particular, aquellas en cuya virtud los funcionarios, autoridades y jefaturas, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, están impedidos de realizar actividades de carácter político, y, por ende, a manera ejemplar, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto, y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos".

Tras enterarse de la resolución, el Gobierno se mostró "plenamente satisfecho", según el ministro Viera-Gallo, aunque la oposición también lo evaluó como un éxito (ver nota relacionada).

La reacción del Ejecutivo contrasta con la que tuvo en octubre, cuando el propio Viera-Gallo señaló -ante la posibilidad de que el organismo fiscalizador investigara conductas de los ministros-: "Imagínense lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión".

''Los Ministros de Estado (...) no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines (...), ejercer coacción sobre otros empleados (...) valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos".

DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Oposición: dictamen fue una "sanción moral"

Como una dura "sanción moral" calificaron en el comando de Sebastián Piñera el dictamen de la Contraloría. Pese a que el organismo no sancionó a ninguno de los miembros del gabinete denunciados por la oposición, en la Coalición por el Cambio se mostraron satisfechos, tras considerar que el dictamen reestablece los principios "básicos" del servicio público.

Para el coordinador general del comando opositor, Rodrigo Hinzpeter, este fallo "pone fin al abuso de los ministros, utilizando su tiempo y recursos fiscales en campañas electorales", y establece "un principio más sano, acogedor y justo: que los ministros son funcionarios públicos que están afectos al deber de probidad".

El senador Alberto Espina afirmó que "el dictamen es una sanción moral dura en contra de los ministros que han abusado de su poder, para utilizarlo no en beneficio de la ciudadanía, sino en una candidatura presidencial".

Por su parte, su par Andrés Chadwick señaló que "en adelante ningún ministro va a poder realizar proselitismo político ni participar de ninguna actividad de campaña política".

En tanto, el senador Andrés Allamand afirmó: "Desafiamos al ministro Viera Gallo a que, en el ejercicio de su cargo, formule declaraciones explícitas a favor de la candidatura de Frei, o su rechazo explícito a la candidatura de Piñera; es decir, que intervenga durante la campaña presidencial, y nosotros, en menos de 24 horas, vamos a solicitar a la Contraloría que se pronuncie".

El cambio en la doctrina de la entidad

Antes

La Contraloría señaló en diversas resoluciones que no tenía facultades para indagar en las actuaciones de los ministros, dado que no eran funcionarios públicos, y que sólo el Congreso podía actuar mediante la acusación constitucional. Éste fue el argumento de los ministros ante la entidad.

Ahora

El dictamen plantea que la Constitución señala que todas las autoridades, incluyendo a los ministros e incluso al Presidente, están sujetas al principio de probidad administrativa. Por ende, deben cumplir sus instructivos y pueden ser fiscalizadas por el organismo de control.

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Gobierno lanza sitio de internet para contribuir a la mejora en el funcionamiento del mercado laboral

Conocer información referida a remuneraciones por sexo, tasas de desempleo, indicadores de trabajo, entre otras materias, es posible a partir de hoy gracias al sitio de internet www.sil.gob.cl, mediante el cual el Gobierno pretende contribuir a la mejora en el funcionamiento del mercado laboral y la oferta educativa y de capacitación.

Así lo explicó el Subsecretario del Trabajo, Mauricio Jélvez, quien instó a los trabajadores a acceder a esta plataforma tecnológica, precisamente para una mejor toma de decisiones en materia laboral.

El sistema se encontrará a prueba hasta el mes de abril, aunque ya es posible acceder a él sin problemas.

La idea es generar a partir del mes de mayo una bolsa nacional de empleo, para la cual ya se prepara un llamado a licitación que se concretará durante las próximas semanas.

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Argentina de luto: Murió Sandro

Cantante falleció a los 64 años producto de un shock séptico. Había sido nuevamente operado hoy por las complicaciones tras haber sido trasplantado al corazón y pulmones, en noviembre pasado.

El famoso cantante argentino Sandro murió esta tarde en Mendoza, a los 64 años y tras las complicaciones generadas a raíz de los trasplantes de corazón y pulmón a los que fue sometido en noviembre.

Los médicos del Hospital Italiano, donde fue intervenido hoy por una infección en uno de sus pulmones, comunicaron la triste noticia a la Argentina y al mundo. “Sandro falleció como consecuencia de un cuadro de shock séptico a las 20h40 horas (locales)”, dijo el médico Claudio Burgos a los numerosos periodistas que aguardaban noticias, junto a decenas de seguidoras del artista que habían comenzado a reunirse frente al hospital Italiano.

Sandro, cuyo verdadero nombre era Roberto Sánchez, había sido intervenido en dos oportunidades durante la jornada pero un cuadro de infección generalizada finalmente acabó con su vida.

Poco antes del fatal desenlace, el último parte médico había señalado que la situación era "crítica" y que el paciente atravesaba "el peor momento desde su ingreso al hospital.

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Trabajadores de Chuquicamata inician huelga y Codelco alista una nueva oferta

A las 05:00 horas de ayer lunes se dio inicio a la huelga de trabajadores de Chuquicamata, quienes la semana pasada rechazaron el bono de $14 millones que Codelco les ofrecía como reajuste salarial y bonos.

El cese de las actividades, que podría tener un costo para la estatal cercana a los US $8 millones diarios, es la primera que se produce desde 1996, cuando los mineros no cumplieron sus funciones durante tres semanas.

La oferta de la empresa, rechazada por más de la mitad de los casi 6 mil trabajadores consiste en un reajuste de 3,8% con un contrato a 36 meses, un bono de $14 millones y un préstamo blando (sin intereses) de tres millones de pesos.

Se espera que la estatal presente una nueva oferta para impedir que la paralización se extienda, sin embargo, la cuprífera ha dicho que las ofertas realizadas "son suficientes, apropiadas y responden a condiciones de costos, productividad, resultados y sustentabilidad", lamentando que haya "una falta de voluntad" para solucionar el conflicto.

Codelco dice que está lista para soportar la huelga, y un funcionario de la compañía dijo que la minera estatal tiene suficientes reservas para honrar sus pedidos de comienzos de año. Sin embargo, Codelco no ha aclarado cuánto durarán esas reservas.

La huelga llega en momentos en que Codelco estaba lista para poner fin a años de producción menguante.

Sin embargo, mientras que la huelga es un traspié, Codelco no enfrentará otra ronda de negociaciones salariales hasta fin de año.

Analistas chilenos dicen que la huelga no tendrá mucho apoyo en el resto del país, porque la mayoría de los chilenos no entienden la posición de los trabajadores de Chuquicamata, a quienes consideran que ganan altos salarios.

Codelco es también una de las mayores generadoras de ingresos estatales, lo que significa que el Gobierno tratará de evitar una huelga prolongada.

Los analistas creen que Chile podría enfrentar más conflictos mineros si el candidato presidencial de derecha Sebastián Piñera, que quiere vender hasta un 20 por ciento de la estatal Codelco [CODEL.UL], vence en la segunda vuelta electoral programada para el 17 de enero.

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Chuquicamata: las cifras que contrastan las exigencias de los sindicatos

Las razones que esgrimen los dirigentes sindicales para exigir que los montos sean iguales a los de Escondida son tres: el aporte que representa Chuquicamata al Estado, el apoyo a la administración cuando se necesitaba reducir costos, y la similitud de funciones entre una faena y otra. También justifican sus peticiones por las duras condiciones laborales en las que se desempeñan.

1 Aporte de Codelco al Estado

Los trabajadores han señalado que Codelco es la empresa que más aporta al fisco, lo que es cierto si se tiene en cuenta que la minera estatal entregó US$ 9.215 millones como excedentes en 2006, US$ 8.451 millones en 2007 y US$ 4.968 millones el año pasado, lo que la transformó en la mayor aportante individual en esos tres años.

Sin embargo, el actual proceso de negociación colectiva se refiere sólo a Chuquicamata, que no es precisamente el centro de trabajo que más aporta a Codelco. El año pasado, la mina más antigua de la corporación fue apenas la tercera con mayor ritmo de producción en toda la corporación, por detrás de El Teniente y Radomiro Tomic.

Chuquicamata muestra un bajón productivo: de su rajo se extrajeron 465 mil toneladas en 2007, que bajaron a 314 mil toneladas en 2008. Para colmo, su explotación superficial se cerrará en 2018, dando paso a una mina subterránea con menor producción a la actual.

2 Apoyo a la administración para rebajar costos

En los sindicatos explican que durante la crisis de los precios del cobre -y ante la urgencia de la empresa de reducir costos- los trabajadores hicieron grandes esfuerzos: reducciones de personal, no utilización de reemplazos y más horas trabajadas. "Todo sin pedir compensación", señala una fuente sindical.

Sin embargo, Chuquicamata es hoy una de las minas más caras de la corporación. Según el director del Centro de Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, presenta una sobredotación de entre 30 y 50% de su planilla, a lo que se suma que debe mantener instituciones como el Hospital del Cobre, lo que no sucede en ninguna otra división.

Además, cuando a comienzos de año la administración de Codelco intentó negociar con los trabajadores la ampliación de la jornada laboral de 8 a doce horas diarias -compensado con más días libres-, éstos se negaron.

3 Similitud de funciones entre las faenas

Si bien es cierto que en la mayoría de las faenas mineras las tareas son similares, las negociaciones colectivas no han finalizado todas con el mismo resultado para los trabajadores. Prueba de ello es que a mediados de año Codelco logró un contrato con los trabajadores de Andina -división de Codelco en que los operarios cumplen las mismas funciones que en Chuquicamata o Escondida- con bonos de $10 millones para cada trabajador, menos de lo que se les ofreció en Calama y que rechazaron.

4 Condiciones de trabajo

Los trabajadores de Chuquicamata han dicho que sus peticiones se justifican porque sus condiciones laborales son excepcionales: se desempeñan en altura, con bajísimas temperaturas y expuestos a enfermedades como la silicosis, por la inhalación de gases tóxicos. Sin embargo, en otros sectores de la economía -como las salmoneras- los pesqueros e incluso los efectivos policiales y de Aduana que trabajan en pasos fronterizos también están expuestos a estas condiciones, pero no tienen tratos especiales.

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Equivale a $6,55 millones de un total de $11,5 millones ofrecidos a los sindicatos Uno, Dos y Tres de la división Norte

Codelco retiraría de su propuesta el bono por "pronta firma" a trabajadores de Chuquicamata

El estímulo sólo estubo vigente hasta el 31 de diciembre, según explicó un alto ejecutivo de la cuprera.

(Gustavo Orellana y Fernando Vial)

Los $11,5 millones ofrecidos por Codelco a los sindicatos de Chuquicamata podrían reducirse bruscamente a contar de hoy. Si bien es un hecho que la propuesta final entregada por la estatal no será reestudiada por ninguna de las dos partes, el bono de "pronta firma" -que equivale a $6,55 millones- no seguiría estando sobre la mesa si los trabajadores van finalmente a paro.

Así lo confirmaron en la cuprera estatal, en la que señalaron que este beneficio es, precisamente por una resolución pronta del conflicto antes de una huelga, que es lo que ocurriría a partir del 4 de enero, desde las 5 de la mañana, si no hay un arreglo.

"Por norma, el bono por pronta firma se mantiene hasta las cero horas del 31 de diciembre. En ese momento desaparece y se elimina dicho bono, y para llegar al mismo número ($6,55 millones) se deberá construir un nuevo acuerdo, con nuevas cosas sobre la mesa", explicó un ejecutivo.

Aunque tradicionalmente los sindicatos obtienen todos los beneficios monetarios una vez depuesto un paro, la situación de Codelco es en extremo compleja. Ante la opinión pública, no sería presentable que la estatal pagara dicha parte del bono, que precisamente se aplica sólo cuando las partes resuelven anticipadamente el conflicto.

Este punto cobra doble validez en caso de que, de ocurrir una huelga, la empresa estatal deje de recibir US$ 8,7 millones diarios por menor producción de cobre.

Codelco ofreció a los trabajadores $11,5 millones en estímulos, que se descomponen en $6,55 millones por pronta firma, $2,65 millones por término de negociación y $2,3 millones por eficiencia operacional. A esto se suma un préstamo blando -sin intereses- por $3 millones. La oferta, además, agrega un reajuste salarial de 3,8% real y una vigencia del contrato colectivo de 36 meses.

En el caso del bono por término de conflicto, el experto laboral de Ernst & Young Mauricio Peñaloza asegura que no forma parte de las leyes laborales, por lo que cualquier empresa puede pagarlo o no dependiendo de su interés, o del acuerdo al que haya llegado con sus trabajadores en el marco de una negociación colectiva reglada.

''Es discriminatorio, porque dependemos del salario y se agranda la brecha, y la inequidad sigue en aumento".

EUGENIO VALENZUELA
SINDICATO DE METRO

''En Chile hay empresas públicas de primera y segunda categoría, y esto tiene que cambiar".

NORA MIRANDA
PRESIDENTA DEL SINDICATO DE LA PLANTA MATTA DE ENAMI

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