El organismo respondió a la denuncia interpuesta por el comando de Sebastián Piñera contra cinco ministros. Si bien no los sanciona, fija nueva doctrina para fiscalizar a los jefes de cartera.(MARIELA HERRERA Y SEBASTIÁN RIVAS)
El 31 de diciembre de 2009, horas antes del Año Nuevo, el contralor Ramiro Mendoza firmó el dictamen N° 73.040, el último del año pasado. El documento abordaba un tema que había causado amplio interés: la presentación sobre intervención electoral hecha por miembros del comando de Sebastián Piñera contra ministros de Estado.
El texto, que fue notificado ayer a La Moneda, a través del ministro José Antonio Viera-Gallo, fija un nuevo criterio con el que el organismo calificará las actuaciones de quienes ejercen funciones públicas, incluyendo a los ministros.
Si bien el dictamen de la Contraloría no sanciona a los jefes de cartera denunciados, ni se pronuncia sobre el tema, porque el "criterio sólo resulta aplicable hacia el futuro", establece un giro en la doctrina que se basa, entre otros textos, en la Carta Fundamental, y establece que la entidad podrá fiscalizar a cualquier autoridad que infrinja la Ley de Probidad Administrativa del Estado, incluyendo a los ministros y, eventualmente, al propio Presidente.
El documento generó una polémica entre la Contraloría y La Moneda a fines de octubre, cuando trascendió que el organismo plantearía que podía fiscalizar las actividades de los secretarios de Estado, tras una denuncia sobre intervención electoral interpuesta por Rodrigo Hinzpeter, Andrés Allamand, Andrés Chadwick y Jorge Schaulsohn contra cinco ministros: el propio Viera-Gallo (Segpres), Carolina Tohá (entonces en la Segegob), Mónica Jiménez (Educación), Sergio Bitar (OO.PP.) y Marigen Hornkohl (Agricultura).
La resolución señala que cuando "la Constitución Política previene, en su artículo 8°, inciso primero, que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, es indudable que este deber alcanza a los Ministros de Estado".
Además, el dictamen de Mendoza señala también que la Ley 18.785 sobre Probidad Administrativa implica a todas las "autoridades", lo que, además de los secretarios de Estado, permitiría que la entidad pueda investigar también a alcaldes y concejales.
Así responde a la defensa de los ministros, quienes afirmaron que no eran funcionarios públicos, por lo que, según ellos, no estaban afectos al régimen de responsabilidad administrativa.
Uno de los puntos clave en el dictamen es aquel que manifiesta que los ministros deben apegarse al instructivo que la Contraloría emitió el 1 de septiembre sobre con las elecciones, el que, entre otros aspectos, regula la participación en actividades de campaña.
Se lee en el texto: "Los ministros de Estado, en el desempeño de la función pública que ejercen, siempre deben observar cabalmente las normas constitucionales y legales, que regulan el principio de probidad administrativa y, en particular, aquellas en cuya virtud los funcionarios, autoridades y jefaturas, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, están impedidos de realizar actividades de carácter político, y, por ende, a manera ejemplar, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto, y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos".
Tras enterarse de la resolución, el Gobierno se mostró "plenamente satisfecho", según el ministro Viera-Gallo, aunque la oposición también lo evaluó como un éxito (ver nota relacionada).
La reacción del Ejecutivo contrasta con la que tuvo en octubre, cuando el propio Viera-Gallo señaló -ante la posibilidad de que el organismo fiscalizador investigara conductas de los ministros-: "Imagínense lo grave que sería, en un régimen presidencial, que el contralor empezara a ir más allá de lo que son sus atribuciones. Eso generaría una situación de tensión".
''Los Ministros de Estado (...) no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines (...), ejercer coacción sobre otros empleados (...) valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos".
DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Oposición: dictamen fue una "sanción moral"
Como una dura "sanción moral" calificaron en el comando de Sebastián Piñera el dictamen de la Contraloría. Pese a que el organismo no sancionó a ninguno de los miembros del gabinete denunciados por la oposición, en la Coalición por el Cambio se mostraron satisfechos, tras considerar que el dictamen reestablece los principios "básicos" del servicio público.
Para el coordinador general del comando opositor, Rodrigo Hinzpeter, este fallo "pone fin al abuso de los ministros, utilizando su tiempo y recursos fiscales en campañas electorales", y establece "un principio más sano, acogedor y justo: que los ministros son funcionarios públicos que están afectos al deber de probidad".
El senador Alberto Espina afirmó que "el dictamen es una sanción moral dura en contra de los ministros que han abusado de su poder, para utilizarlo no en beneficio de la ciudadanía, sino en una candidatura presidencial".
Por su parte, su par Andrés Chadwick señaló que "en adelante ningún ministro va a poder realizar proselitismo político ni participar de ninguna actividad de campaña política".
En tanto, el senador Andrés Allamand afirmó: "Desafiamos al ministro Viera Gallo a que, en el ejercicio de su cargo, formule declaraciones explícitas a favor de la candidatura de Frei, o su rechazo explícito a la candidatura de Piñera; es decir, que intervenga durante la campaña presidencial, y nosotros, en menos de 24 horas, vamos a solicitar a la Contraloría que se pronuncie".
El cambio en la doctrina de la entidad
Antes
La Contraloría señaló en diversas resoluciones que no tenía facultades para indagar en las actuaciones de los ministros, dado que no eran funcionarios públicos, y que sólo el Congreso podía actuar mediante la acusación constitucional. Éste fue el argumento de los ministros ante la entidad.
Ahora
El dictamen plantea que la Constitución señala que todas las autoridades, incluyendo a los ministros e incluso al Presidente, están sujetas al principio de probidad administrativa. Por ende, deben cumplir sus instructivos y pueden ser fiscalizadas por el organismo de control.
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